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"La Masacre del Río Sumpul"

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Uno de los factores claves para que sucediera el golpe militar del 28
de junio pasado en Honduras, ha sido, sin duda, la impunidad que


prevaleció en ese país, dejando sin castigo a criminales de lesa
humanidad que actuaron en diversos períodos históricos y muy
especialmente en los años 80, permitiendo además la continuidad de la
ocupación militar de Estados Unidos en ese país.

En los años 80 los organismos de derechos humanos registraron
centenares de denuncias, sobre la complicidad de los ejércitos y la
seguridad de El Salvador y Honduras en la persecución, represión y
desapariciones en ambos países.

Una de las acciones de mayor ferocidad cometidas en el marco de esa
cooperación criminal fue la llamada “masacre del Río Sumpul” sucedida
el 14 de mayo de 1980 en la aldea salvadoreña de La Arada.

Un día antes de la matanza-el 13 de mayo- varios camiones del ejército
de Honduras cargados de soldados pasaron por legaron a la población de
la Guarita en ese país y llegaron Río Sumpul que marca línea
fronteriza con El Salvador.

Se apostaron en la margen hondureña del río y utilizando megáfonos se
dirigieron a las poblaciones de la ribera del país vecino anunciando
que se prohibía cruzar la frontera.

La maniobra resultó sorprendente para muchos pobladores hondureños,
que habían constituido una red de solidaridad con sus vecinos, la
mayoría campesinos que huían del terror militar y paramilitar en su
país.

En marzo de 1980 año había sido asesinado en la capital salvadoreña,
el arzobispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y la cifra de crímenes y
desapariciones forzadas aumentaba cada día en ese país
centroamericano.

Como relataron sacerdotes de la Diócesis de Santa Rosa de Copán, en
una denuncia, cuyas firmas encabezaba el obispo Monseñor José Carranza
y Chévez (publicada el 24 de junio de 1980 por el diario La Tribuna de
Honduras), alrededor de las 7 de la mañana del 14 de mayo comenzó a
observarse un inusitado movimiento de tropas y paramilitares
salvadoreños que rodearon la población de La Arada, ubicada en la
margen del Río Sumpul en ese país.

También llegaron varios helicópteros y repentinamente comenzaron a
disparar a mansalva sobre la población indefensa.

“Mujeres torturadas antes del tiro de gracia, niños de pecho tirados
al aire para hacer tiro al blanco, fueron algunas de las escenas de la
matanza criminal. Los salvadoreños que pasaban el río eran devueltos
(amarrados) por los soldados hondureños a la zona de la masacre. A
media tarde cesó el genocidio, dejando un mínimo de 600 cadáveres”,
decía la denuncia de los religiosos.

Otros que intentaban huir fueron cazados en el río y decenas de
cadáveres comenzaron a navegar ante el horror de los pobladores
hondureños. Cuando terminó la matanza quedaron “unos 600 cadáveres sin
enterrar que fueron presa de perros y zopilotes durante días. Otros se
perdieron en las aguas del río. Un pescador hondureño encontró cinco
cuerpecitos de niños en su trampa de pescar. El Río Sumpul quedó
contaminado desde la aldea de Santa Lucía. La Organización de Estados
Americanos (OEA) financiada por los dos gobiernos desde hace años
ignoró el hecho”, según registró la denuncia.

También los religiosos dieron cuenta de investigaciones que
determinaron que el 5 de mayo se había realizado una reunión secreta
entre altos mandos militares salvadoreños y hondureños en la ciudad
fronteriza El Poy, unos 100 km al norte de San Salvador y a unos 20
del lugar de la masacre.

Otras datos registraron que el 15 de mayo, cuando se habían retirado
del lugar los soldados de ambos países, campesinos hondureños que
recorrieron la zona de la masacre lograron rescatar a algunos
sobrevivientes heridos.

Pero pocos días después el lugar comenzó a ser patrullado por los
paramilitares de la organización salvadoreña “Orden” que regresaron a
llevarse las pertenencias de los muertos.

El 24 de mayo, el sacerdote hondureño Fausto Millas de la parroquia de
Corquín denunció la masacre, pero fue ignorada a nivel oficial y por
la prensa bajo presión de los militares.

Ante la movilidad de organismos humanitarios y prensa internacional
que logró reunir testimonios sobre la masacre, a fines de mayo y
principios de junio de 1980, el ejército hondureño comenzó a controlar
la zona, tratando de impedir que se divulgaran los terribles sucesos y
amenazando a los refugiados salvadoreños y sus protectores.

Fue este silencio el que llevó a 36 sacerdotes y religiosas de la
Diócesis de Santa Rosa de Copán, encabezados por el obispo Carranza y
Chévez, a presentar la denuncia donde responsabilizaron a ambos
ejércitos.

El 27 de junio las autoridades hondureñas amenazaron con expulsar a
los sacerdotes extranjeros que firmaron la denuncia pero el 1 de julio
de 1989 la Conferencia Episcopal de Honduras, presidida en ese momento
por el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Héctor Santos, la respaldó y
esto se convirtió en otro documento para certificar la matanza.

En una “reflexión cristiana” que acompañaba a la denuncia, los
sacerdotes describían la situación que vivían los refugiados
salvadoreños en Honduras como “antihumana y anticristiana”.

Apelando a las enseñanzas de Monseñor Romero denunciaron como
“agresores” en el caso del Río Sumpul a la oligarquía y el ejército
salvadoreño, “ejecutores de todo un pueblo”; a la OEA, “que cerrando
los ojos ante el hecho ha colaborado en la masacre”; al gobierno
hondureño como “cómplice de los hechos y su posterior ocultamiento”, y
a los partidos políticos y “otras instituciones que callan ante la
tragedia”.

Anunciaban entonces la creación de un Comité en el sector de Guarita y
otro con sede en Cáritas de Santa Rosa de Copán, para recibir y dar
información y para coordinar con otros organismos, “mientras el
gobierno e instituciones más calificadas, no se responsabilicen de la
situación”.

En un folleto publicado en Costa Rica, por la Confederación
Universitaria Centroamericana, se citaron además documentos y
testimonios logrados por periodistas e investigadores, que llegaron al
lugar.

Se conoció entonces que desde días antes el ejército hondureño había
enviado refugiados salvadoreños a su país.

Entre los testimonios, una mujer contó que “cuando aparecieron dos
helicópteros (artillados), mataron a una hermosura de niños. Mataban
tirando balas y granada”.

Una anciana sobreviviente relató el ajusticiamiento de una mujer que
estaba con un niño y clamaba piedad, ya que le habían matado a sus
padres y su esposo. Pero un sargento ordenó que le dispararan y como
el niño lloraba dio la orden de matarlo.

Otra mujer joven, que encontraron en lamentables condiciones cerca de
Santa Lucía testimonió entre llantos: “estábamos atrapados y no nos
podíamos salir, Muchos niños se ahogaron. A mí se me murieron dos
hijos uno de 20 meses y otro de nueve años”.

Un hombre que estuvo escondido en el monte más espeso relató que en la
madrugada del 16 de mayo encontró a una mujer “acurrucada entre dos
brazos del río. Apretaba un niño contra el pecho que estaba moradito
de frío. Cuando fui hasta ella para ayudarla se desplomó y el agua se
llevó al niño. Cuando la levanté me di cuenta que no podía moverse
porque tenía un balazo en la cadera y otras heridas”.

En los testimonios varios coincidieron en el caso de un niño de cuatro
meses que fue baleado y luego castrado por sus asesinos. También por
los testimonios se pudo saber que en “algunos recodos del río se
encontraban pequeños cráneos, ya que a los niños que no baleaban, los
decapitaban”.

Una versión cuenta que unos soldados hondureños estaban “horrorizados”
y cuando miraron degollar a los niños, dispararon desperados. A todo
ellos se le ordenó hacer silencio bajo amenazas.

En estos últimos tiempos varios organismos humanitarios se preparaban
para volver al lugar de la matanza donde habría centenares de rastros
de la masacre que ha quedado impune.

Muchos de los militares más jóvenes que estaban al mando entonces son
altos jefes en el ejército hondureño actual. En los años 80 el general
Gustavo Álvarez Martínez, formado en Estados Unidos y Argentina y
amigo de la dictadura militar de este último país (1976-1983) era uno
de los máximos hombres de la represión , la contrainsurgencia y la
guerra sucia en Honduras.

Trabajó codo a codo con el entonces llamado “Virrey” de los
hondureños, el embajador de Estados Unidos, John Negroponte y ambos
son responsabilizados por los crímenes y desapariciones cometidos
contra hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y otros en esos tiempos
de “guerra sucia” y terrores múltiples.

Fue en ese momento en que el estado hondureño tuvo el mayor avance
militar en la larga ocupación de Estados Unidos, que hasta hoy rige la
vida de ese país. Equipos militares de entonces son los “asesores” de
los golpistas de hoy y se conoce cómo “la mano negra” de Negroponte
estuvo detrás de toda la maniobra golpista y en la protección de los
actuales dictadores.

 

Actualizado ( Sábado, 26 de Marzo de 2011 20:37 )  

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